Busca gobierno del estado enajenar dos inmuebles más

La Comisión Permanente del Congreso local recibió dos propuestas de iniciativas de decreto enviadas por el Poder Ejecutivo con la finalidad de que se permita la enajenación de dos inmuebles propiedad del Estado.

Dichas peticiones se sumarían a las nueve que ya han sido aprobadas en los últimos dos meses, entre los cuales se permitió el vender la Casa del Escritor ubicada en el centro de la ciudad de Puebla.

Ambos documentos firmados por el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, fueron turnados a las comisiones unidas de Hacienda y Asuntos Municipales para ser analizadas.

El primer inmueble del que se busca deshacer el gobierno estatal se encuentra en la zona histórica de Los Fuertes, con dirección en Calzada de los Fuertes número 92, en el Fraccionamiento Anexo Rincón del Bosque, sobre la fracción de terreno de la antigua Ladrillera de la Concepción.

Se ubica frente al Hotel Lastra, a un costado de La Casa de la Cultura Jurídica a 200 metros de Casa Puebla.
El segundo inmueble es el predio ubicado en el número 719 de la avenida 4 Poniente, en el cual se ubicaba hasta hace un tiempo el Colegio de Puebla.

Entrevistado sobre el tema, el diputado Pablo Rodríguez Regordosa, reiteró que los inmuebles puestos en enajenación ya no son útiles para el estado, debido al coto de su mantenimiento y a que no son utilizados.

“Ellos nos han turnado las solicitudes de enajenación, argumentando que ya no son útiles al estado y su mantenimiento es costoso, entonces de acuerdo a la ley procede conceder el que pueda enajenarse”, justificó.
Agregó que la ley no obliga al gobierno estatal a dar a conocer más detalles sobre dichas ventas: “En términos de ley no hace falta que nos informen, basta que legalmente justifiquen él porqué hay que enajenarlo”.

Cuestionado sobre si debería ser modificada la ley para evitar que estos inmueble sean vendidos a un bajo costo o se preste a alguna clase de irregularidad, el legislador consideró no es necesario pues dijo el análisis de las cuentas públicas es suficientes para evitar actos de corrupción.


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