Decretos de Reserva de agua

ANGELOPOLITANAS

La sospecha de que el gobierno de Enrique Peña Nieto privatizó por decreto el agua en el país, crece a pasos agigantados.

Tanto que ayer, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los 10 Decretos de Reserva de agua, publicados el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permiten preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años, eso dice.

Detalla que estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Por lo que respecta al estado de Puebla aplica para la Cuenca del Papaloapan Region Hidrologica numero 28 respecto de cualquier uso de aguas superficiales y para cualquier persona que quiera obtener derechos para el uso de aguas nacionales inicia en el estado de Puebla a partir del municipio de Tlacotepec de Benito Juarez.

Este tipo de medidas, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales para que se reserve como mínimo el 35 por ciento del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Aclara que las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

El problema es que se levantan las vedas y se permite a cualquier persona que quiera obtener derecho para el uso de aguas solicitar los permisos correspondientes. De ahí el criterio de la privatización del vital líquido. Hay preocupación y campaña en contra del gobierno federal.

 

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El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado inició una investigación ante una posible infracción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado, por el local Partido Pacto Social de Integración (PSI).

La comisionada presidenta del Instituto, Gabriela Sierra Palacios, detalló que el proceso se deriva de la vista que recibió el Instituto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de un juicio para la protección de los derechos político–electorales de un ciudadano.

Resulta que “este asunto procede del uso indebido de información personal contenida en documentos oficiales, como son actas de nacimiento y credenciales para votar de los demandantes, los cuales alegan nunca haber solicitado al PSI su registro como candidatos”, comentó.

Sierra Palacios recordó que la Ley Estatal de datos personales prevé un procedimiento de verificación ante presuntas violaciones o incumplimientos a los principios, deberes y obligaciones legales en la materia, el cual se puede iniciar de oficio cuando el organismo garante tenga conocimiento de tales violaciones, por lo que el Instituto acordó darle seguimiento a este asunto.

El proceso se encuentra en una fase de investigaciones a partir de las cuales se espera contar con más elementos de convicción para fundar y motivar una orden de verificación en términos de Ley.

No es extraño que el partido local haya incurrido en esta falta, su líder es conocido por abusivo y violador de la ley, pero tuvo que ser una instancia federal la que actuara para que el instituto local investigue, que pena.

Cabe recordar que el procedimiento de verificación termina con una resolución de la que se derivan la implementación de medidas correctivas, es decir, que el tratamiento de datos personales se ajuste a la Ley.

 

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El trato hacia los niños migrantes separados de sus padres al intentar ingresar a Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos y poblanos, generó indignación luego de que la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dio a conocer fotografías de los menores en un centro de refugio.

En las imágenes de uno de los 100 centros habilitados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, en McAllen, se muestra a los niños encerrados en jaulas con colchonetas para dormir en el piso. Se calcula que en ese sitio hay mil 500 niños, de entre 10 y 17 años, que esperan a que el gobierno analice la situación migratoria de sus padres.

El presidente Donald Trump justificó que EU “no será un campo de inmigrantes” ni “un complejo para mantener refugiados”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que no pedirán disculpas y aseguró que “las acciones ilegales tienen consecuencias”.

Durante una visita que realizó a uno de estos centros, en San Diego, la líder demócrata en la Cámara Baja de EU, Nancy Pelosi, exigió que se frene la política de “cero tolerancia”. Agregó: “es un problema desgarrador que podría terminar en un momento si el presidente anula su acción”.

Las ex primeras damas Laura Bush y Hillary Clinton coincidieron en su condena. Clinton dijo que se trata de “una crisis moral y humanitaria”.

Trump insiste en su política antiinmigrantes con las consecuencias en derechos humanos con la separación de padres e hijos, su trato no sólo es injuto sino inhumano. La esclavitud plena en el siglo XXI.

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